miércoles, 28 de diciembre de 2016

¿Cohecho o Soborno que es primero?


Delitos graves 

Pueden ser cometidos por los particulares SOBORNO y por el servidor público COHECHO y PECULADO.


La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativas GRAVES para el servidor público (Artículo 52 y 53) y serán sancionadas.

El soborno es una parte que ... "en México el 25% de las empresas (tiene) como principal riesgo para la operación la corrupción ..." Arturo Castillo de Kroll en México
El Financiero 14/abril/2016 por Axel Sánchez.

Ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas  (DOF. 10/07/2016) incluye a los particulares y a las personas morales que pueden incurrir en faltas administrativas que pueden ser sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivada de las reformas incluidas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Volverán a incurrir las empresas nacionales o internacionales en actos de corrupción y que dichas acciones no sean sancionadas como    es el    caso     de Wal-Mart, que en el año 2005 el ex-empleado Cerón Zapata denunció ante el  corporativo en Estados Unidos sobre acciones no éticas en la operación y crecimiento de tiendas en México y que no se ha resuelto nada al respecto desde el año 2012 con las investigación; así como el caso de Grupo Higa por conflictos de interés señalado por ciudadanos.

La ley no puede ser retroactiva solo, con sus excepciones cuándo afecten  los derechos de la persona, pero debería re-tomarse el caso, para que no quede impune las acciones o actos de corrupción en nuestro país. 

Finalmente me llamo la atención una frase tomada de la Revista Forbes México del primero de agosto de 2013, donde Hiroshi Takahashi entrevista a Tom Hartley, CEO de Kroll Advisory Solutions que dice: 

" la corrupción es endémica, no es de México, es de todo el mundo". 

¿ Usted que opina ?

Jorge Gutiérrez R
@jorgegtzreynaga



miércoles, 21 de diciembre de 2016

493 mdp para fiscalizar el Ramo 33 en 2017




La Ley de Coordinación Fiscal contempla con la reforma del día 18 de Julio de 2016 la transferencia sobre los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con las Fracciones IV y V del Artículo 49 a favor de la Auditoría Superior de la Federación.

Con dichos recursos se realizarán auditorías a los recursos asignados a las Entidades Federativas y evaluaciones a los programas de acción establecidos en el propio PEF´2017 y los lineamientos de operación.



Jorge Gutiérrez Reynaga
Twitter: @jorgegtzreynaga


domingo, 4 de diciembre de 2016

Delitos Graves de los Servidores Públicos








Dentro de la propuesta del Ejecutivo Federal y el Legislativo, se otorga mayores atribuciones a los Órganos de Fiscalización Superior en materia de auditoría y de responsabilidades.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación y las Auditorías Superior de los Estados deberán, investigar y sustanciar procedimientos por faltas administrativas graves.

La ley, señala 12 delitos mismos que se señalan:


  • Cohecho
  • Peculado
  • Desvío de Recursos
  • Utilización Indebida de Información
  • Abuso de Funciones
  • Actuación bajo conflicto de interés o impedimento legal.
  • Contratación Indebida.
  • Enriquecimiento oculto.
  • Tráfico de influencias.
  • Encubrimiento
  • Desacato
  • Obstrucción de la Justicia.

viernes, 14 de agosto de 2015

miércoles, 8 de abril de 2015

Mexico y Presupuesto Base Cero

El objetivo a cumplir.

                                                                     Vía: Citizen2blog

Momentos difíciles en las finanzas públicas en México en 2015 impulsan hacia un cambio estructural  para el  año  2016 con una reforma presupuestal a muy corto plazo, para alcanzar el equilibrio en la finanzas públicas, con la formula: Gasto = Ingreso, y la adecuada evaluación de la relación costo-beneficio de todos los programas estatales que conforman el proyecto nacional, para los próximo 4 años. Habrá que esperar los resultados a mediano plazo, dado que el implementar un sistema presupuestal en base cero, es un proceso detallado y lleno de luchas internas entre los poderes facticos en el país. Se incluye el análisis sobre experiencia en  Zero-Base Budgeting en la provincia de Hubei en China para tratar de comprender los impactos inmediatos que se avecinan.


Jorge Gutiérrez Reynaga
@jorgegtzreynaga

martes, 24 de marzo de 2015

INTAI por IFAI: Cambio de denominación.



Con la nueva Ley, se denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INTAI) al actual Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).

Por:   Jorge Gutiérrez Reynaga

El Senado Mexicano aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de conformidad con el artículo 72 de la Carta Magna, como Cámara de Origen le envía a la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora y que de aprobarse, se remitirá al Poder Ejecutivo, quién podrá publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley para que surta efectos.

Las palabras clave:

Acciones de Inconstitucionalidad
Atracción de Recursos de Revisión.
Consejo Nacional
Controversias Constitucionales
Comisionados.
Organismos Garantes.
Plazo de Respuesta.
Recurso de Inconformidad.
Sistema Nacional 

Descripción:


El Instituto (INTAI) podrá interponer Acciones de Inconstitucionalidad, con la aprobación de la mayoría del pleno, en contra de leyes de carácter Federal, Estatal o del Distrito Federal, así de Tratados Internacionales, que vulneren el derecho de acceso a la información.

Los particulares  podrán hacer del conocimiento al INTAI la existencia de recursos de revisión que de oficio podrían conocer a efecto de ejercer la facultades de Atracción de Recursos de Revisión pendientes de resolución, con aprobación mayoritaria de los Comisionados. 

El INTAI podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción, transcurrido un año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Consejo Nacional es el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se integrará por los Comisionados del INTAI y de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas,

El INTAI podrá promover las Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 105, fracción I, inciso l) de la Carta Magna que a la letra dice:
 "Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución"

La homologación de la denominación de Comisionados a  los actuales Consejeros Estatales.

Se denominan Organismos Garantes como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos de acuerdo a lo establecido en la Constitución General y las particulares de los Estados y el Distrito Federal. 


Será hasta 20 días hábiles el Plazo de Respuesta a la solicitud de información, contados a partir del día hábil siguiente a la presentación de la misma y podrá ampliarse el plazo hasta por 10 días hábiles más la respuesta, bajo resolución fundada y motivada del Comité de Transparencia misma que deber ser notificada ante el recurrente antes de su vencimiento.

El Recurso de Inconformidad aplica cuando los particulares acudan al INTAI o al Poder Judicial de la Federación, en contra de las resoluciones de los organismos garantes Estatales y del Distrito Federal, cuándo confirme o modifiquen la clasificación de la información o confirmen la inexistencia o negativa de la información.


El Sistema Nacional será integrado por el INTAI, los Organismos Garantes de los Estados y del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Hacia donde vamos en materia de Transparencia.


La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública otorgará al INTAI  nuevas facultades, de interponer acciones de inconstitucionalidad y promover controversias constitucionales cuándo se vea afectado los derechos de acceso a la información y protección de datos, como garantías individuales y la afectación también de los derechos humanos.

Los actuales órganos garantes u organismos garantes estatales podrán encontrar en esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública una ventaja al subir de rango constitucional en sus respectivas Entidades Federativas y el Distrito Federal y  las resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Como sujetos obligados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se incluye a las personas morales constituidas en: asociación civil creadas por los ciudadano que pretenda postular su candidatura independiente; sindicatos; las personas físicas que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, como es el caso de las Juntas de Colonos u Organismos no gubernamentales; los fideicomisos de fondos públicos, mandatos o contratos que ejerzan recursos públicos, entre otros.

Prevalece la suplencia de la deficiencia de la queja, que debe aplicar los organismos garantes en favor de los particulares;   en materia de clasificación  deberá el sujeto obligado comprobar la prueba de daño; no podrá invocarse la reserva de información cuándo se trate de delitos de lesa humanidad,; y no aplica el secreto bancario o fiduciario cuando los sujetos obligados se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos.

Homologación Transparente


La homologación en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, deberá llevarse a cabo de manera armónica con todos los sujetos obligados, y sea empatada con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque entre ellas (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) existe discrepancia entre las dos leyes reglamentarias en materia financiera y contable. 

Será necesario que el Sistema Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC)  adecuen los tiempos para elaborar y publicitar la información. Deberán incluirse  en mesas de trabajo a efecto de lograr la homologación en estos rubros, para la rendición de cuentas  sobre todo la evaluación de la sociedad.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dará un tratamiento especial en la publicación de información a los municipios con población menor de 70,000 habitantes que deberá asistir al Organismo garante de su Entidad Federativa.


¡Trabajo a corto plazo para las legislaturas!



lunes, 16 de marzo de 2015

5 pasos para una Licitación Pública

"Simple pero complejo; quizá"
jorge@gutierrezreynaga.com

vía: citizen2blog


Sobre la reforma energética del Gobierno de Peña Nieto, dónde es necesario transparentar los procesos licitatorios para adjudicar contratos inclusive bajo el modelo de Consorcio, dónde una o varias empresas privadas participan en temas de petróleo, tanto en la Explotación (Ronda1, 2004) y en la Extracción (Ronda1, 2005)

La globalización es un proceso de competencia, diferenciación y de grandes riesgos. Las empresas agrupadas en consorcios y otros modelos jurídicos de participación harán un binomio con el Gobierno mexicano representado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con los "Contratos de Producción Compartida" y que tendrán obligaciones muy importantes en materia fiscal.

Los particulares tendrán la obligación de rendir cuentas ante el gobierno con un especial registro contable que, esperamos cumpla con los principios de honestidad, transparencia y en términos económicos, eficientes y eficaz.

Para otorgar los contratos el gobierno debe atender la norma y licitar los procesos.

 Da un click y ve a Prezi
citizen2blog


miércoles, 25 de febrero de 2015

Partidos Políticos y Prevención de Lavado de Dinero

"Un exhorto al No te olvides"

Jorge G. Reynaga 

via: Citizen2Blog 


Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, registrados ante el Instituto Federal Electoral (INE) o en los Órganos Púbicos Locales (OPL), como lo establece el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014) y están facultados para obtener financiamiento por parte del Estado y de los Particulares.

En esta ocasión sólo trataremos el tema del Financiamiento Privado, derivado de la importancia de que los partidos políticos transparenten el origen y destino del mismo.

En la ley LGPP establece en el artículo 53 los cuatro tipos de financiamiento no público que pueden recibir los partidos políticos:

A.- Financiamiento de la militancia.
B.- Financiamiento de simpatizantes.
C.- Autofinanciamiento.
D.- Financiamiento por rendimientos financieros.

En el ensayo denominado ¿Cómo se financian los Partidos Políticos en México? el autor define a los ingresos aportados por: a) la militancia (afiliados y candidatos) y se basa en las cuotas ordinarias o voluntarias que entregan al partido político; b) simpatizantes, vía aportaciones o donativos; c) autofinanciamiento, vía eventos, juegos y sorteos; d) rendimientos financieros de fondos y fideicomisos. (Aparicio, 2006)

Los partidos políticos están limitados por LGPP  a recibir, financiamiento por parte de las personas morales, organismos internacionales y los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, y por supuesto a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial , ayuntamientos, los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal y las personas que vivan o trabajen en el extranjero. La ley limita, el financiamiento vía crédito en banca de desarrollo, para financiar sus actividades.

Prevención de Lavado de Dinero.

La ley que previene el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, obliga a las Instituciones Financiera, entre otras a la:

Identificación del cliente 

La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LPLD), conocida como la ley an-tilavado de dinero establece la obligación de las instituciones financieras a llevar a cabo diversas acciones que permitan identificar al cliente y a los usuarios.

Las aportaciones de los militantes y simpatizantes a los partidos políticos deben ser depositadas en una Institución Financiera y éste debe elaborar el informe a la autoridad (Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (cuando el deposito sea en efectivo) de acuerdo a sus respectivas leyes: 

" para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas" (LPLD, 2012)

En el caso de ingresos provenientes de juegos y sorteos (autofinanciamiento) los partidos políticos previa autorización de la Secretaria de Gobernación (SG) de conformidad con los artículos 2, 3, y 5 de la Ley Federal del Juegos  y Sorteos (Congreso, 1947) lleven a cabo,  deberían informar al apego de la ley anti-lavado, el informe de actividades vulnerables pero, como son instituciones de interés público y no instituciones financieras, no están obligados, porque el legislador no lo contemplo.


El artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos señala que:
" Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas "

Identificación de sus militantes y simpatizantes.

Los partidos políticos deben tienen identificados a sus militantes de manera ordinaria y obligatoria, y en el caso de los simpatizantes deben registrarlos cuándo realicen aportaciones al instituto político, inclusive éstas son deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) en un 25 % y será necesario elaborar un expediente, que podrá ser fiscalizado por la autoridad electoral, no sólo de las limitaciones porcentuales del 2% y 0.5% respectivo de manera anual, sino que reporten a la autoridad de manera mensual sobre las aportaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y éste a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para  que pueda intervenir la entidades que actuarían como fiscalizadores adicionales, a la  Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.


jorge@gutierrezreynaga.com

viernes, 6 de febrero de 2015

UBER: hacia el diseño de una política pública...

vía: 
Para el análisis de una política pública, primero debe ser evaluada. Pero en el caso del fenómeno UBER hace falta el diseño de una política pública, por su  concepto innovador, el servicio y alta tecnología.

UBER la marca de la discordia.

La entrada de UBER ha provocado reacciones diferentes en todo el mundo como: prohibiciones en países como Alemania, Bélgica, España, India, Francia, Holanda, Tailandia y Estados Unidos; demandas y amenazas en ciudades como Los Angeles, Portland, San Francisco y Río de Janeiro, pero en otras ciudades del orbe, tienen operaciones reguladas, de acuerdo a información presentada por la Agencia Reuters en 2014 con datos de UBER.

Michael E. Porter (Competitive Strategy, 1980) menciona en su libro,  sobre la amenaza de ingreso de nuevos competidores y de lograrlo, -puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad- y depende de las barreras de entrada en el mercado.

La entrada de AT&T al mercado mexicano, obligará a TELCEL a mejorar sus tarifas al consumidor para poder seguir siendo el líder en el mercado de la telefonía celular; la barrera de entrada fue: la fuerte inversión para la compra de compañías y  aprovechar de éstas su capacidad instalada y posicionamiento en el mercado; acciones que la empresa norteamericana realizó su expansión, posterior a una reforma en materia de comunicaciones es decir, cambio de regulación.


Legislación.

Para UBER la única barrera de entrada es: la falta de regulación y nada más. 

La tradición es, salir a la calle y buscar al "taxi" o llamar por teléfono a la base más cercana al domicilio y el pago se hace en efectivo; en el caso de los aeropuertos, el pago puede hacerse con tarjeta de crédito y sólo conocerás al conductor (a) al momento  llegue el automotor.

Los servicios prestados por los actuales "taxis" tienen un origen meramente corporativo dónde el gobierno tiene que facilitar los permisos a personas interesadas y en algunos casos se han concentrado en pocas manos, y con carencias en el servicio, con unidades poco atractivas o muy austeras, y quizá por la falta de incentivos fiscales a los permisionarios, no renuevan su parque vehicular y finalmente el cliente paga un servicio más caro.

Porter (1980) estableció como una de las tres estrategias genéricas a la diferenciación, donde el servicio ofertado por UBER marca un distintivo único, con relación a otros servicios en el mercado de "taxis" como es, el uso de tecnología para la georeferenciación el cargo vía tarjeta de crédito utilizando  teléfonos inteligentes, y el envió de un "ticket" para comprobar el gasto.

Porter (Competitive Advantage: Creating and Sustaining, 1998) establece que la - tecnología crea una ventaja competitiva-   y en este caso, por su sistema "Uber App" es una marca que hace diferencia en el mercado y por lo tanto es una ventaja competitiva de Travis Kalanick, CEO de UBER.

Política Pública.

El enfoque debe ser la satisfacción del ciudadano que sería el cliente,  que utiliza o pudriera utilizar los servicios de "taxis" con un servicio competitivo como los oferta UBER e incluso más económico o de mayor confort que los vehículo tradicionales.

Mas no elitista, si con un segmento definido y enfocado a profesionistas, comerciantes y empresarios que cuenten con tarjeta de crédito y un teléfono inteligente con acceso a internet.

Igualdad de condiciones para los usuarios, debe contener la "policy design".  Es un tema de movilidad pública, porque los usuarios (clientes) no utilizarían sus propios vehículos, y podría resultar beneficios en temas de seguridad, salud y ecología. Es un asunto de contribución al estado, al participar con el pago de impuestos, ampliando el padrón fiscal y la deducibilidad de impuestos, que ayudaría a las empresas, así  a tener un control adicional sobre sus funcionarios. Deberá mejorar el transporte urbano, tal y como evolucionó ETN al transporte de pasajeros en el siglo pasado.

En México, la Constitución permite, que los ciudadanos puedan ejercer la profesión u oficio que deseen siendo lícito;  y por otra parte, el fomento a la libre competencia,  deberá ser fortalecida con el diseño de una política pública que permita crear empleos y active la economía familiar.

Los involucrados deben ponerse de acuerdo. El balón esta en la cancha. ¿Quién dará el primer paso? 


Jorge Gutiérrez Reynaga
@jorgegtzreynaga

martes, 27 de enero de 2015

100% Ciudadanos versus Opacidad


"Ciudadanos supervisan y denuncian al Gobierno y a los Partidos Políticos con el Recurso de Transparencia" 
Citizen

El ciudadano cuenta con una herramienta de supervisión, a las entidades gubernamentales sujetas a transparentar la información y que se denomina Recurso de Transparencia que aplica inclusive, a los partidos políticos nacionales y estatales, registrados en el Organismo Público Electoral denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco y demás sujetos obligados.

Para Transparencia Internacional, la supervisión  “es un proceso independiente de investigación y monitoreo” realizado por terceras personas, que pueden ser, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, investigadores, académicos y jóvenes de cualquier edad, que tengan la inquietud de, procurar que la rendición de cuentas la cumpla, el gobernante.

Transparencia Internacional, como movimiento global tiene, la misión de detener la corrupción, promover la transparencia, rendición de cuentas y la integridad en todos los sectores de la sociedad y realiza diversas acciones para alcanzarlo, de acuerdo a su portal de internet  www.transparency.org 


En México, existe actualmente una diversidad de legislaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, mismas que estarán en proceso para, su armonización y homologación, en leyes secundarias  de aplicación general, que emitirán las legislaturas a partir de febrero de 2015.


Recurso de Transparencia. 

En Jalisco, el ciudadano puede denunciar ante el órgano garante sobre el incumplimiento de la ley, cuándo no publique información fundamental, a lo que está obligado y el servidor publico que no cumpla, se le aplicaran sanciones.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 8 de agosto de 2013, establece un apartado especial que trata sobre el Recurso de Transparencia y las sanciones por infracciones a la norma, dónde cualquier persona, con procedimiento simple pondrá al descubierto que, un gobierno o entidad no cumple con la ley.

La denuncia puede presentarse, por escrito, por comparecencia y en forma electrónica, todos ante el órgano garante, como lo señala en su web www.itei.org.mx

En el artículo 113 de la ley en comento establece que, el órgano garante debe resolver sobre su admisión, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción y éste deberá subsanar las omisiones que procedan con el objeto de dar garantía al ciudadano que lo presentó e inclusive ampliar y corregir la denuncia ciudadana.

Deberá la autoridad en materia de transparencia, de notificar al sujeto obligado, el recurso de transparencia , dentro de los 2 días hábiles siguientes a su admisión y la entidad denunciada tendrá 5 días hábiles para presentar un informe de contestación.

Se podrá realizar diligencias y solicitar mayor información por parte del órgano garante para, obtener elementos de juicio (artículo 115) para resolver el recurso de transparencia.


Resolución inatacable.

El órgano garante tendrá 20 días para resolver de manera fundada y motivada y notificar al ciudadano promotor y al sujeto obligado que fue denunciado en 2 días posteriores a la resolución, misma que es inatacable, es decir que, “no procede recurso o juicio ordinario o administrativo alguno”, menciona el artículo 116 de la norma.

Ejecución.

Los sujetos obligados por ley, tanto del gobierno, como de partidos políticos y los órganos constitucionales autónomos en materia electoral, derechos humanos y transparencia, deben ejecutar las acciones para cumplir con la resolución emitida por el órgano garante, dentro del plazo que se establezca en la resolución y que no podrá ser superior a 30 días hábiles, como lo encuadra el artículo 117 de la norma.

Incumplimiento.

Si la entidad denunciada no atiende el plazo otorgado por el órgano garante de transparencia, impondrá una amonestación pública, con copia a su expediente laboral del responsable y le concederá un plazo de hasta 10 días hábiles para su cumplimiento.

Si la entidad denunciada no cumple con lo anterior, se le impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara y tendrá un plazo de 5 días hábiles más para cumplir la resolución.

Arresto Administrativo y Denuncia Penal.

Si finalmente el denunciado no cumple con la resolución establecida en el artículo 117 punto 3, el Instituto de Transparencia le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, y presentará la denuncia penal correspondiente, de conformidad con el punto 4 del artículo 117 de la norma sobre transparencia analizada.

De acuerdo a la ley, los responsables puede ser los: 
1.     Titulares de los Sujetos Obligados.2.     Titulares de los Comités de Clasificación.3.     Titulares de las Unidades de Transparencia.4.     Personas físicas.
Titulares.

La Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio no contempla la definición del concepto de “Titulares” por lo que, de manera análoga nos avocamos para definirlos, a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPSPEJM) que menciona:

“… se entenderán como Titulares: I.- En el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, representado por la Comisión de Administración; II.- En el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado y, en sus dependencias, los servidores públicos de mayor jerarquía, conforme lo disponga la Ley Orgánica de este Poder; III.- En el Poder Judicial: 
a)    El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, representado por el Magistrado Presidente; y 
b)    En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón, sus respectivos Plenos, representados por sus Presidentes;
 IV.- En los Municipios, los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo, en su caso; y V.- En los Organismos Descentralizados y empresas o asociaciones de participación Estatal o Municipal mayoritaria, quien o quienes desempeñen el cargo de mayor jerarquía, de conformidad con los ordenamientos que los rijan. 

Como podremos darnos cuenta en la anterior norma, no contempla a los Titulares de los órganos constitucionales autónomos de transparencia, electoral y derechos humanos, así como falta incluir al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Justicia Alternativa, entre otros.

Los Titulares de los Partidos Políticos no están definidos en LPSPEJM, porque no son servidores públicos, la naturaleza del instituto político es un organismo de interés público y de libre participación por lo que, se debe tomar en consideración los Estatutos, dónde se describe la estructura organizacional entre otros,  establecido en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos.

Sujetos Obligados: 

Son todos aquellos entes enumerados en el artículo 24 de la Ley de Transparencia en Información Pública del Estado de Jalisco, mismos que se enumeran:
 I. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco;II. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;III. El Poder Judicial del Estado de Jalisco;IV. Los organismos públicos descentralizados estatales y municipales; V. Las empresas de participación estatal y municipal;VI. Los fideicomisos públicos estatales y municipales;VII. Las universidades publicas con autonomía;VIII. Los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Ejecutivo; IX. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;X. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;XI. El Instituto;XII. Los ayuntamientos;XIII. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, acreditados en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;XIV. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, con registro en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;XV. Los demás órganos y entes públicos que generen, posean o administren información publica, yXVI. Las personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales, sólo respecto de la información publica relativa a dichos recursos.
Comité de Clasificación.

De acuerdo a la ley, estan constituido por:
 1.- El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante     oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá ; 
2.- El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario, y 
3.- El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado. 
Unidad.

La Unidad es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública y el nombramiento del titular, debe hacerse por designación por el Titular del Sujeto Obligado.

Personas Físicas.

Aquí encuadra en lo general a todos las personas que manejen, generen, administren, y resguarden información pública, resultado de alguna aportación del gobierno a instituciones de beneficencia, culturales, investigaciones, sociales de carácter privado, como son las asociaciones civiles principalmente. 

Se contempla a los integrantes de los Partidos Políticos a efecto de aplicar la norma en transparencia.

¿Qué se recomienda hacer?

1.- Publicar la información fundamental utilizando la tecnología necesaria para que estén en los datos en la Web y su adecuada actualización.

2.- Que los legisladores adecuen las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, principalmente en temas de transparencia, con la generación de una ley secundaria.


Jorge Gutiérrez Reynaga
 @jorgegtzreynaga