Partidos Políticos y Prevención de Lavado de Dinero

"Un exhorto al No te olvides"

Jorge G. Reynaga 

via: Citizen2Blog 

Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, registrados ante el Instituto Federal Electoral (INE) o en los Órganos Púbicos Locales (OPL), como lo establece el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014) y están facultados para obtener financiamiento por parte del Estado y de los Particulares.

En esta ocasión sólo trataremos el tema del Financiamiento Privado, derivado de la importancia de que los partidos políticos transparenten el origen y destino del mismo.

En la ley LGPP establece en el artículo 53 los cuatro tipos de financiamiento no público que pueden recibir los partidos políticos:

A.- Financiamiento de la militancia.
B.- Financiamiento de simpatizantes.
C.- Autofinanciamiento.
D.- Financiamiento por rendimientos financieros.

En el ensayo denominado ¿Cómo se financian los Partidos Políticos en México? el autor define a los ingresos aportados por: a) la militancia (afiliados y candidatos) y se basa en las cuotas ordinarias o voluntarias que entregan al partido político; b) simpatizantes, vía aportaciones o donativos; c) autofinanciamiento, vía eventos, juegos y sorteos; d) rendimientos financieros de fondos y fideicomisos. (Aparicio, 2006)

Los partidos políticos están limitados por LGPP  a recibir, financiamiento por parte de las personas morales, organismos internacionales y los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, y por supuesto a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial , ayuntamientos, los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal y las personas que vivan o trabajen en el extranjero. La ley limita, el financiamiento vía crédito en banca de desarrollo, para financiar sus actividades.

Prevención de Lavado de Dinero.

La ley que previene el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, obliga a las Instituciones Financiera, entre otras a la:

Identificación del cliente 

La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LPLD), conocida como la ley an-tilavado de dinero establece la obligación de las instituciones financieras a llevar a cabo diversas acciones que permitan identificar al cliente y a los usuarios.

Las aportaciones de los militantes y simpatizantes a los partidos políticos deben ser depositadas en una Institución Financiera y éste debe elaborar el informe a la autoridad (Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (cuando el deposito sea en efectivo) de acuerdo a sus respectivas leyes: 

" para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas" (LPLD, 2012)

En el caso de ingresos provenientes de juegos y sorteos (autofinanciamiento) los partidos políticos previa autorización de la Secretaria de Gobernación (SG) de conformidad con los artículos 2, 3, y 5 de la Ley Federal del Juegos  y Sorteos (Congreso, 1947) lleven a cabo,  deberían informar al apego de la ley anti-lavado, el informe de actividades vulnerables pero, como son instituciones de interés público y no instituciones financieras, no están obligados, porque el legislador no lo contemplo.

El artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos señala que:

" Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas "

Identificación de sus militantes y simpatizantes.

Los partidos políticos deben tienen identificados a sus militantes de manera ordinaria y obligatoria, y en el caso de los simpatizantes deben registrarlos cuándo realicen aportaciones al instituto político, inclusive éstas son deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) en un 25 % y será necesario elaborar un expediente, que podrá ser fiscalizado por la autoridad electoral, no sólo de las limitaciones porcentuales del 2% y 0.5% respectivo de manera anual, sino que reporten a la autoridad de manera mensual sobre las aportaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y éste a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para  que pueda intervenir la entidades que actuarían como fiscalizadores adicionales, a la  Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

jorge@gutierrezreynaga.com

UBER: hacia el diseño de una política pública...

vía: 

Para el análisis de una política pública, primero debe ser evaluada. Pero en el caso del fenómeno UBER hace falta el diseño de una política pública, por su  concepto innovador, el servicio y alta tecnología.

UBER la marca de la discordia.

La entrada de UBER ha provocado reacciones diferentes en todo el mundo como: prohibiciones en países como Alemania, Bélgica, España, India, Francia, Holanda, Tailandia y Estados Unidos; demandas y amenazas en ciudades como Los Angeles, Portland, San Francisco y Río de Janeiro, pero en otras ciudades del orbe, tienen operaciones reguladas, de acuerdo a información presentada por la Agencia Reuters en 2014 con datos de UBER.

Michael E. Porter (Competitive Strategy, 1980) menciona en su libro,  sobre la amenaza de ingreso de nuevos competidores y de lograrlo, -puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad- y depende de las barreras de entrada en el mercado.

La entrada de AT&T al mercado mexicano, obligará a TELCEL a mejorar sus tarifas al consumidor para poder seguir siendo el líder en el mercado de la telefonía celular; la barrera de entrada fue: la fuerte inversión para la compra de compañías y  aprovechar de éstas su capacidad instalada y posicionamiento en el mercado; acciones que la empresa norteamericana realizó su expansión, posterior a una reforma en materia de comunicaciones es decir, cambio de regulación.

Legislación.

Para UBER la única barrera de entrada es: la falta de regulación y nada más. 

La tradición es, salir a la calle y buscar al "taxi" o llamar por teléfono a la base más cercana al domicilio y el pago se hace en efectivo; en el caso de los aeropuertos, el pago puede hacerse con tarjeta de crédito y sólo conocerás al conductor (a) al momento  llegue el automotor.

Los servicios prestados por los actuales "taxis" tienen un origen meramente corporativo dónde el gobierno tiene que facilitar los permisos a personas interesadas y en algunos casos se han concentrado en pocas manos, y con carencias en el servicio, con unidades poco atractivas o muy austeras, y quizá por la falta de incentivos fiscales a los permisionarios, no renuevan su parque vehicular y finalmente el cliente paga un servicio más caro.

Porter (1980) estableció como una de las tres estrategias genéricas a la diferenciación, donde el servicio ofertado por UBER marca un distintivo único, con relación a otros servicios en el mercado de "taxis" como es, el uso de tecnología para la georeferenciación el cargo vía tarjeta de crédito utilizando  teléfonos inteligentes, y el envió de un "ticket" para comprobar el gasto.

Porter (Competitive Advantage: Creating and Sustaining, 1998) establece que la - tecnología crea una ventaja competitiva-   y en este caso, por su sistema "Uber App" es una marca que hace diferencia en el mercado y por lo tanto es una ventaja competitiva de Travis Kalanick, CEO de UBER.

Política Pública.

El enfoque debe ser la satisfacción del ciudadano que sería el cliente,  que utiliza o pudriera utilizar los servicios de "taxis" con un servicio competitivo como los oferta UBER e incluso más económico o de mayor confort que los vehículo tradicionales.

Mas no elitista, si con un segmento definido y enfocado a profesionistas, comerciantes y empresarios que cuenten con tarjeta de crédito y un teléfono inteligente con acceso a internet.

Igualdad de condiciones para los usuarios, debe contener la "policy design".  Es un tema de movilidad pública, porque los usuarios (clientes) no utilizarían sus propios vehículos, y podría resultar beneficios en temas de seguridad, salud y ecología. Es un asunto de contribución al estado, al participar con el pago de impuestos, ampliando el padrón fiscal y la deducibilidad de impuestos, que ayudaría a las empresas, así  a tener un control adicional sobre sus funcionarios. Deberá mejorar el transporte urbano, tal y como evolucionó ETN al transporte de pasajeros en el siglo pasado.

En México, la Constitución permite, que los ciudadanos puedan ejercer la profesión u oficio que deseen siendo lícito;  y por otra parte, el fomento a la libre competencia,  deberá ser fortalecida con el diseño de una política pública que permita crear empleos y active la economía familiar.

Los involucrados deben ponerse de acuerdo. El balón esta en la cancha. ¿Quién dará el primer paso? 

Jorge Gutiérrez Reynaga

@jorgegtzreynaga

100% Ciudadanos versus Opacidad

vía: citizen2blog

"Ciudadanos supervisan y denuncian al Gobierno y a los Partidos Políticos con el Recurso de Transparencia" 

Citizen

El ciudadano cuenta con una herramienta de supervisión, a las entidades gubernamentales sujetas a transparentar la información y que se denomina Recurso de Transparencia que aplica inclusive, a los partidos políticos nacionales y estatales, registrados en el Organismo Público Electoral denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco y demás sujetos obligados.

Para Transparencia Internacional, la supervisión  “es un proceso independiente de investigación y monitoreo” realizado por terceras personas, que pueden ser, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, investigadores, académicos y jóvenes de cualquier edad, que tengan la inquietud de, procurar que la rendición de cuentas la cumpla, el gobernante.

Transparencia Internacional, como movimiento global tiene, la misión de detener la corrupción, promover la transparencia, rendición de cuentas y la integridad en todos los sectores de la sociedad y realiza diversas acciones para alcanzarlo, de acuerdo a su portal de internet  www.transparency.org 

En México, existe actualmente una diversidad de legislaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, mismas que estarán en proceso para, su armonización y homologación, en leyes secundarias  de aplicación general, que emitirán las legislaturas a partir de febrero de 2015.

Recurso de Transparencia. 

En Jalisco, el ciudadano puede denunciar ante el órgano garante sobre el incumplimiento de la ley, cuándo no publique información fundamental, a lo que está obligado y el servidor publico que no cumpla, se le aplicaran sanciones.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 8 de agosto de 2013, establece un apartado especial que trata sobre el Recurso de Transparencia y las sanciones por infracciones a la norma, dónde cualquier persona, con procedimiento simple pondrá al descubierto que, un gobierno o entidad no cumple con la ley.

La denuncia puede presentarse, por escrito, por comparecencia y en forma electrónica, todos ante el órgano garante, como lo señala en su web www.itei.org.mx

En el artículo 113 de la ley en comento establece que, el órgano garante debe resolver sobre su admisión, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción y éste deberá subsanar las omisiones que procedan con el objeto de dar garantía al ciudadano que lo presentó e inclusive ampliar y corregir la denuncia ciudadana.

Deberá la autoridad en materia de transparencia, de notificar al sujeto obligado, el recurso de transparencia , dentro de los 2 días hábiles siguientes a su admisión y la entidad denunciada tendrá 5 días hábiles para presentar un informe de contestación.

Se podrá realizar diligencias y solicitar mayor información por parte del órgano garante para, obtener elementos de juicio (artículo 115) para resolver el recurso de transparencia.

Resolución inatacable.

El órgano garante tendrá 20 días para resolver de manera fundada y motivada y notificar al ciudadano promotor y al sujeto obligado que fue denunciado en 2 días posteriores a la resolución, misma que es inatacable, es decir que, “no procede recurso o juicio ordinario o administrativo alguno”, menciona el artículo 116 de la norma.

Ejecución.

Los sujetos obligados por ley, tanto del gobierno, como de partidos políticos y los órganos constitucionales autónomos en materia electoral, derechos humanos y transparencia, deben ejecutar las acciones para cumplir con la resolución emitida por el órgano garante, dentro del plazo que se establezca en la resolución y que no podrá ser superior a 30 días hábiles, como lo encuadra el artículo 117 de la norma.

Incumplimiento.

Si la entidad denunciada no atiende el plazo otorgado por el órgano garante de transparencia, impondrá una amonestación pública, con copia a su expediente laboral del responsable y le concederá un plazo de hasta 10 días hábiles para su cumplimiento.

Si la entidad denunciada no cumple con lo anterior, se le impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara y tendrá un plazo de 5 días hábiles más para cumplir la resolución.

Arresto Administrativo y Denuncia Penal.

Si finalmente el denunciado no cumple con la resolución establecida en el artículo 117 punto 3, el Instituto de Transparencia le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, y presentará la denuncia penal correspondiente, de conformidad con el punto 4 del artículo 117 de la norma sobre transparencia analizada.

De acuerdo a la ley, los responsables puede ser los: 

1.     Titulares de los Sujetos Obligados.2.     Titulares de los Comités de Clasificación.3.     Titulares de las Unidades de Transparencia.4.     Personas físicas.

Titulares.

La Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio no contempla la definición del concepto de “Titulares” por lo que, de manera análoga nos avocamos para definirlos, a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPSPEJM) que menciona:

“… se entenderán como Titulares: I.- En el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, representado por la Comisión de Administración; II.- En el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado y, en sus dependencias, los servidores públicos de mayor jerarquía, conforme lo disponga la Ley Orgánica de este Poder; III.- En el Poder Judicial: 

a)    El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, representado por el Magistrado Presidente; y 

b)    En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón, sus respectivos Plenos, representados por sus Presidentes;
 IV.- En los Municipios, los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo, en su caso; y V.- En los Organismos Descentralizados y empresas o asociaciones de participación Estatal o Municipal mayoritaria, quien o quienes desempeñen el cargo de mayor jerarquía, de conformidad con los ordenamientos que los rijan. 

Como podremos darnos cuenta en la anterior norma, no contempla a los Titulares de los órganos constitucionales autónomos de transparencia, electoral y derechos humanos, así como falta incluir al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Justicia Alternativa, entre otros.

Los Titulares de los Partidos Políticos no están definidos en LPSPEJM, porque no son servidores públicos, la naturaleza del instituto político es un organismo de interés público y de libre participación por lo que, se debe tomar en consideración los Estatutos, dónde se describe la estructura organizacional entre otros,  establecido en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos.

Sujetos Obligados: 

Son todos aquellos entes enumerados en el artículo 24 de la Ley de Transparencia en Información Pública del Estado de Jalisco, mismos que se enumeran:

 I. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco;II. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;III. El Poder Judicial del Estado de Jalisco;IV. Los organismos públicos descentralizados estatales y municipales; V. Las empresas de participación estatal y municipal;VI. Los fideicomisos públicos estatales y municipales;VII. Las universidades publicas con autonomía;VIII. Los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Ejecutivo; IX. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;X. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;XI. El Instituto;XII. Los ayuntamientos;XIII. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, acreditados en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;XIV. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales, con registro en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado;XV. Los demás órganos y entes públicos que generen, posean o administren información publica, yXVI. Las personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales, sólo respecto de la información publica relativa a dichos recursos.

Comité de Clasificación.

De acuerdo a la ley, estan constituido por:

 1.- El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante     oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá ; 

2.- El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario, y 

3.- El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado. 

Unidad.

La Unidad es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública y el nombramiento del titular, debe hacerse por designación por el Titular del Sujeto Obligado.

Personas Físicas.

Aquí encuadra en lo general a todos las personas que manejen, generen, administren, y resguarden información pública, resultado de alguna aportación del gobierno a instituciones de beneficencia, culturales, investigaciones, sociales de carácter privado, como son las asociaciones civiles principalmente. 

Se contempla a los integrantes de los Partidos Políticos a efecto de aplicar la norma en transparencia.

¿Qué se recomienda hacer?

1.- Publicar la información fundamental utilizando la tecnología necesaria para que estén en los datos en la Web y su adecuada actualización.

2.- Que los legisladores adecuen las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, principalmente en temas de transparencia, con la generación de una ley secundaria.

Jorge Gutiérrez Reynaga

 @jorgegtzreynaga

Entrega-Recepción: 1,009 Ayuntamientos deben Transparentar sus procesos de fin de gestión en 2015

1,009 Autoridades Municipales en proceso de Entrega - Recepción 

Jorge Gutiérrez Reynaga /Director Ejecutivo

SEPI: Servicios Especializados y Privacidad Integral, S.C.

vía: citizen2blog

En México después de las elecciones de Julio de 2015, habrá cambios de estafeta en 16 Estados con 993 Ayuntamientos y un Distrito Federal con 16 Delegaciones y será obligatorio la entrega de la hacienda pública, el patrimonio, los recursos humanos, y todo acto administrativo que se encuentre en proceso con el objeto de rendir cuentas y transparentar la información.

Elaboración propia con datos del INE 

En algunas Entidades Federativas, debe iniciarse el proceso de entrega-recepción para que, en Septiembre  de 2015 sean instalados las Comisiones dónde las nuevas autoridades reciban los activos y pasivos, presupuestos iniciales y ejercidos, información financiera y contable (de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental) obra pública en proceso de conclusión, fraccionamientos en proceso de recepción por parte de la autoridad municipal, los recursos humanos, los montos de nomina y las obligaciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos y archivos que tengan que cumplir.

Gráfico Nacional  elaborado por el INE

Los actores principales serán los Órganos de Control Interno, como es el caso en el Estado de Jalisco quien tiene una LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN y que entró en vigor el 1ro. de Julio de 2013 en la cual obliga a los Ayuntamientos a expedir los Reglamentos o acuerdos para realizar la entrega recepción y que determina que la vigilancia del cumplimiento de la ley, será las Contralorías Municipales de acuerdo a sus respectivas competencias.

Elaboración propia con datos del INE

En Jalisco, de acuerdo a información recabada por SEPI, los Ayuntamientos deben elaborar, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, los siguientes documentos:

1. Reglamento Municipal de Entrega Recepción
2. Manual de Entrega Recepción
3. Formatos 

La fecha determinada por la Ley, establece que los Ayuntamientos debieron elaborar y aprobar su REGLAMENTO respectivo el 1º de Septiembre de 2013 y de acuerdo con las paginas de Transparencia de los sujetos obligados, aún no se ha publicado ningún documento de manera actualizada.

El proceso debe internamente haber iniciado; todos los funcionarios de primer nivel deben hacer su respectiva entrega el 1º de Octubre de 2015, inclusive aún si son ratificados en el mismo puesto, ya sean Directores Generales o de Área, Secretarios, Síndicos y Presidente Municipal.

En materia electoral, los servidores públicos no deben desviar recursos en favor de algún partido político o candidato y las Contralorías deberán vigilar que cumpla con lo dispuesto en la ley. 

Doble trabajo tendrán en 2015 las Contralorías Municipales.

A mas tardar el 1º de abril de 2015, las Contralorías deben presentar los MANUALES Y FORMATOS, -"cuando menos con seis meses de anticipación a la fecha de terminación del encargo"- (Artículo 17, Fracción I de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, Decreto 24117/LIX/12); el 1º de Octubre de 2015 entran las nuevas autoridades en los Ayuntamientos (Presidentes, Síndicos y Regidores) los cuáles deberán proponer y aprobar el nombramiento del Secretario General y el Encargado de la Hacienda Pública o como se le conoce comúnmente: Tesorero Municipal.

La norma en Jalisco menciona en su Artículo 18, que deberá instalarse la Comisión, misma que define la Ley en su Artículo 3, Fracción III,  como "al grupo de personas nombradas, previo a la transición de periodos constitucionales, que tienen las funciones de enlace, recepción o vinculación para llevar a cabo el procedimiento de entrega-recepción", el día 1º de Septiembre de 2015.

Artículo 18.- A más tardar treinta días antes del cambio de administración de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y los municipios, se deberá conformar una comisión compuesta por servidores públicos de la administración saliente, y aquellas personas que nombren los titulares de la administración entrante, con el objetivo de preparar ek desarrollo del procedimiento administrativo de entrega-recepción"

Los Ayuntamientos, como órganos colegiados no deben dejar sin atender a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley de Entrega Recepción en comento, que contempla: "

"...en el último año de su gestión, deberán prever, de acuerdo con su capacidad presupuestal, los recursos suficientes para sufragar los gastos que se originen por las actividades del procedimiento de entrega-recepción."

Elaboración propia con datos de la Ley de
Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios

¿Qué debemos hacer?

Cómo ciudadanos estar pendientes a que los procesos de entrega recepción se lleven a cabo de manera ordenada y transparente.

Las autoridades deberán poner vital atención y enfocar esfuerzos para hacer de los procesos de entrega-recepción, los modelos de rendición de cuentas y real transparencia.

En Jalisco, de manera inmediata, reglamentar el procedimiento de entrega recepción municipal y cumplir con el numeral Segundo Transitorio de la Ley de Entrega-Recepción.

El resto de los Ayuntamientos de las Entidades Federativas  y las Demarcaciones del Distrito Federal, deberán atender a los dispuesto por sus leyes y reglamentos respectivos.

@sepi_mx

Cobranza Extrajudicial, violación a la Confidencialidad

Jorge Gutiérrez Reynaga

vía :  CITIZEN2BLOG

"Ser o no ser, he aquí la cuestión" Hamlet"

México.

La cobranza extrajudicial es desarrollada, "por entidades financieras", como lo señala la Guía para orientar el debido tratamiento de datos personales sobre nuestro tema del día de hoy, y publicada recientemente por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI-PD), por despachos de cobranza, y que los define como:

DESPACHO DE COBRANZA: "Despacho externo, incluyendo a terceros o representantes, que realiza la cobranza, negociación o reestructuración de los créditos, préstamos o financiamientos, y que actúa como intermediario entre las entidades financieras y comerciales con el deudor, a fin de recuperar los adeudos de la entidad en cuestión".

Dentro del documento se detalla, el decálogo del "deber de confidencialidad"en materia de cobranza extrajudicial y nos llama la atención tres de ellos:

1. No utilizar cartelones, anuncios o cualquier medio impreso en lugares públicos, o en el exterior de los domicilios de los deudores, en los que se divulgan datos personales o se haga referencia al adeudo o a la condición de deudor.
2. No realizar gestiones de cobro con terceros, con excepción de garantes, fiadores, obligados solidarios o representantes legales del deudor.
3. Evitar el uso de correos electrónicos, correspondencia, mensajes de texto o voz o cualquier otro, que den a conocer a terceros la condición del deudor o datos relacionados con la actividad de cobranza.

Cobranza Extrajudicial.

Quién de nosotros no se ha dado cuenta que, en los "Cotos Residenciales" a parte de pedir una identificación oficial, que contiene datos personales y, que no nos presentan el Aviso de Privacidad de manera previa, existe un tratamiento  especial y denigrante para los residentes "morosos" ya que éstos tienen que bajar de su vehículo y frente a todos los moradores y visitantes, deben apretar un "botón rojo" para ingresar a su domicilio;  en ese momento se atenta a la intimidad y violenta la confidencialidad del colono. 

En otros casos, nos percatamos que existen pizarrones con nombres de personas dónde se señalan como morosos a la entrada de conjuntos habitacionales, así como en el interior del ascensor en condominios con el único objeto de dar a conocer que son personas que no han pagado sus cuotas mensuales.

Ahí están, violentando a la confidencialidad del usuario de la vivienda por prácticas de cobranza extrajudicial.

Difícil para el  despacho de cobranza, el poder identificar a la persona correcta; cuándo el cobrador visita a un domicilio debe preguntar si es la personal que adeuda; en caso contrario violentaría al derecho al secreto y por ende, la confidencialidad de datos personales. 

En nuestros lugares de trabajo, recibimos llamadas telefónicas  buscando al deudor y al no encontrarlo, los despachos de cobranza, hacen mención de la situación con dicha institución bancaria, casa comercial, telefonía, servicio de cable, club, etcétera, y en ese momento se atenta contra la confidencialidad que deben tratarse los datos personales por parte de particulares.

En España: Sanción de 100 mil euros. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) resolvió un procedimiento de sanción (PS/00163/2014) el 19 de septiembre de 2014 por violaciones a la "SEGURIDAD DE DATOS" infringiendo el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) dónde el "COBRADOR DEL FRAC" fue sancionado por la colocación de CARTELES  en la donde existen buzones postales y en las puertas de las viviendas de forma que resulten visibles y que decían:

¡MOROSO PAGA! O TODOS SABRÁN

El caso es que, el "Cobrador del Frac" es una marca comercial y al decir de algunos, se vestían con atuendo elegante o de etiqueta, y que eran utilizadas como estrategia de cobro,  por una Sociedad Anónima del mismo nombre, así como por otras empresas de nombre: Ibérica de información Financiera, Inforfrac, Gestión y Recuperación,Cobros Urgel, Valcobros, Andaluza de Recuperaciones de Créditos y Cobros, Bil Gestión y Recobro, Colon 24, y Murciana del Fracc, todas ellas en España.

La principal, compró la deuda empresarial y de personas físicas y se dedicó a recuperar su inversión. Para las entidades que vendieron fue un beneficio para sus finanzas pero, para el adquirente fue un dolor de cabeza  de 100 mil euros.

La pregunta sería:

¿El método de cobranza fue el idóneo? No, el problema es que el ciudadano ejerció su derecho a quejarse por sentirse vulnerado en su intimidad, confidencialidad y buena fama y acudió a la AEPD, la cual intervino y verificó  "in situ" que existían argumentos suficientes para aplicar sanción económica, derivado de incumplir lo que establece el artículo 9 de la LOPD en materia de SEGURIDAD DE DATOS.

Es importante señalar que, en el artículo 12 de la LOPD, establece en su numeral 2, que:

"La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato..." y concluye con "en el contrato de estipulará, así mismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar"

En México el IFAI-PD recomienda que, "la relación entre la Entidad y el Despacho de Cobranza" se sustente a través de un instrumento jurídico, en que se establezcan con claridad los términos y condiciones e instrucciones para el tratamiento de los datos personales y en el que considera al menos lo dispuesto en los artículos 49 al 54 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

Contratos y los Avisos de Privacidad.

La importancia de estos dos documentos es relevante porque, en los primeros se debe deslindar la responsabilidad tanto de los encargados y responsables a quien se transmiten los datos personales; y los avisos de privacidad deben establecer que, existirá una transferencia de datos a terceras personas, a despachos de cobranza a efecto de que el dueño de los datos (que eres tú) conozca con quién deben ejercer sus derechos fundamentales de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).

El IFAI-PD recomienda a los Despachos de Cobranza que deben atender puntualmente las instrucciones establecidas en los instrumentos legales para evitar ser sujeto de sanciones por la LFPDPPP.

Cabe señalar que, no es el caso cuándo, los Despachos de Cobranza NO son dueños de la cartera de crédito, préstamo o financiamiento, porque actúan a nombre de la entidad financiera, o casas comerciales y en ese caso, la responsabilidad será de otros actores, es decir de las instituciones financieras y comerciales a quien otorgamos la confianza de dar a conocer los datos personales.

@jorgegtzreynaga

Transparencia vencida por la opacidad; ¿será posible?

Prospección 2015: 

Jorge Gutiérrez Reynaga

citizen2blog

" La libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer.   La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten; y si un ciudadano puede hacer lo que prohíben no será libre, porque todos los demás tendrán ese mismo poder". Montesquieu.

En la Agenda Legislativa, esta el éxito de los Gobiernos Transparentes. La sociedad civil hasta ahora, a la expectativa; la libertad de expresión, cuestionada; la rendición de cuentas, a cuenta gotas; el combate a la corrupción, entrampado; la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en proceso; el país en una gran incógnita. 

La libertad de expresión y la libertad de acceso a la información son temas importantes para el ciudadano. 

En el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores que inicia el primero de febrero al 30 de abril de este año, deberá tener lista una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y otra nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión del Sector Público, antes del 7 de febrero de 2015, en base a la reforma y adición Constitucional de fecha 07/02/2014.

Ley Secundaria.

El  Artículo 73, Fracción XXI, inciso a,  de la Carta Magna faculta al  Congreso de la Unión para expedir la (s) leyes que establezcan la concurrencia de los tres ordenes de gobierno, en diversos temas, mismas que regularán los actos de gobierno a nivel Federal, Estatal y Municipal. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su diccionario jurídico, define: "las leyes reglamentarias  son las leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan uno ovarios preceptos de la constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regulan".

Pero realmente, ¿la opacidad vencerá a la transparencia? De no aprobarse las leyes generales, reglamentarias de los artículos 6 y 16 de la Constitución, los ciudadanos no podrán ejercer los derechos fundamentales sobre el acceso a la información y la protección de datos personales con que cuenta el gobierno, tanto de los particulares como de los propios servidores públicos, que también son ciudadanos y que pueden ejercer su derechos fundamentales, como parte de los derechos humanos.

Realidad actual.

En México existen 33 leyes de transparencia y acceso a la información diferentes, inclusive en lo correspondiente a la información básica, de oficio o fundamental, así como complementaria y en mucho no hay coincidencia en materia de archivos, rendición de cuentas para la fiscalización superior,  incluye información presupuestal, contable y financiera, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que desde 2008 inicio el proceso de armonización para la homologación y que en 2014 no ha dado los resultados esperados.

¿Qué es lo que esperamos con la ley secundaria en materia de transparencia y acceso a la información?

Analizando la propuesta de IFAI sobre el tema, me permito enumerar diversos puntos que el  Legislador, los órganos garantes estatales buscan y esperan los ciudadanos, la homologación en los 3 niveles de gobierno de cuando menos:

1. La publicación de la información que generan y tienen es su poder las entidades de gobierno en los 3 niveles.
2. Procedimientos de solicitudes de información y acceso a los archivos.
3. Los medios de impugnación ante el Órgano Federal, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal.
4. Los recursos de inconformidad contra las resoluciones de los órganos garantes e inconformidades a las respuestas de los sujetos obligados, promovidos por el ciudadano.
5. La atracción de los recursos de revisión por parte del Órgano Federal.
6. Sanciones.
7. Un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su financiamiento.
8. Difusión, Capacitación y Profesionalización.
9. Servicios Civil de Carrera.
10. Diseño e integración de los órganos garantes en los Estados y el Distrito Federal.
11. Resoluciones de los órganos garantes.
12. Clasificación de la información Reservada y Confidencial.
13. Presupuesto Constitucional.

" Ya publicada lo que será la Ley General, en el DOF, las Legislaturas Locales y la Asamblea del Distrito Federal tendrá un año para armonizar su normatividad,  a partir del 8 de febrero de 2015 "

Pero al experiencia en materia de contabilidad gubernamental nos dice que en 6 años, la homologación contable no esta al cien por ciento a nivel nacional, y podría ser referencia para alcanzar la homologación en transparencia y acceso a la información, sin contar con el tema de protección de datos, que inclusive debe definirse de manera conjunta por parte de los legisladores y que tiene la misma fecha de cumplimiento constitucional el 07 de febrero de 2015.

Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para alcanzar la armonización, el organismo constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAFI) deberá coordinar los trabajos en un denominado "Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública" donde participen los Órganos Garantes del País, estableciendo las directrices a seguir para que en México las solicitudes de información y el acceso a los archivos sean iguales, así como la clasificación, resoluciones, sanciones, impugnaciones y quejas e inconformidades, con la emisión de:

• Catálogos de obligaciones de Transparencia.
• Denuncias por incumplimiento.
• Políticas de Gobierno abierto.
• Información clasificada.
• Responsabilidades de las unidades de enlace y de los comités de información.
• Fuentes de financiamiento publico y privado, así como incentivos fiscales.
• Promoción de la cultura con sujetos obligados y sociedad civil, e incentivos fiscales.

Plataforma Nacional de Información.

En la propuesta enviada por el IFAI al Congreso de la Unión, establecen una Plataforma Nacional de Información y describe la manera de lograrla, con el apoyo de la Tecnología de la Información, se constituirán 3 Sistemas de:

1. Acceso a la información.
2. Obligaciones de Transparencia.
3. Gestión de Recursos.

Habrá que dar seguimiento a las bases de datos que cuenta el actual Sistema INFOMEX Federal, y de Entidades Federativas, así como la información estadística con que se cuenta.

Los Retos inmediatos.

La fecha esta por cumplirse. Hace falta la voluntad política para aprobar las leyes en temas de transparencia y protección de datos personales en posesión del gobierno; así como la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo que hará falta en 2015-2016 : Homologación de Transparencia - Contabilidad - Fiscalización.

 Algo que el legislador con la reforma y adición a la Constitución del 7 de febrero de 2014, no contempla  modificación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Fiscalización Superior; y en los Estados y el Distrito Federal las modificaciones a las Leyes de los órganos superiores de fiscalización para complementar la homologación general que permita al ciudadano conocer hacia dónde se aplican los gastos del gobierno y el mismo desempeño de los trabajadores del gobierno pero, este tema lo trataremos en posteriores aportaciones en Citizen2blog.