viernes, 1 de agosto de 2008

Jalisco modelo de Transparencia en materia de Fiscalización.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga.

Con la aprobación de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por parte del Congreso del Estado, se garantiza su autonomía técnica y de gestión, con el objeto de regular la revisión, examen y auditoría de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, o cualquier otra persona física o jurídica que reciba fondos públicos, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco.

Se establece el procedimiento para la designación del Titular de la Auditoría Superior del Estado, siendo necesarios los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos 5 años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país.

  • Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación.

  • Poseer el día de su designación, con antiguedad mínima de 5 años, título profesional de licenciatura en Contaduría Pública, Derecho o Abogacía, Administración Pública o Economía, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.

  • Tener Titulo Profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado.

  • Tener al momento de su designación, experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

  • No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro considerado como grave por la legislación penal, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

  • No ser ministro de alguna asociación religiosa, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  • No haber sido titular de alguna de la Secretarías de despacho del Ejecutivo, Procurador General de Justicia, Magistrado del Poder Judicial, integrante del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Encargado de la Hacienda Municipal o titular de algún ente auditable durante los 2 años previos al de su designación, y tener sus cuentas públicas aprobadas.

  • No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, Senador o Diputado Federal, a menos que se separe de su cargo 2 años antes del día en que se tenga verificativo su designación.

  • No tener, al momento de su designación, parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el cuarto grado ni de afinidad, con los titulares de las entidades sujetas auditables y fiscalizables.

  • No haber desempeñado cargo de elección popular en el Estado en los 3 años anteriores a su designación.

  • No haber sido, durante los últimos 6 años, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político, ni haber formado parte de los órganos electorales con derecho a voto durante dicho lapso.

  • Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor Superior no podrá militar o formar parte activa de partido político alguno, ni asumir otro empleo, cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los no remunerados.

  • El nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad, honestidad, confiabilidad y experiencia técnica en la materia.

Para tal efecto, el Congreso del Estado de Jalisco, convocó a la sociedad en general, al registro de candidatos, con excepción de los partidos políticos, solicitando el cumplimiento de:

  • Los antecedentes académicos.

  • Experiencia laboral en materia de Fiscalización y Auditoría.

  • Aprobar con un mínimo de 80 sobre 100 un examen por oposición que debe contemplar: a) conocimientos jurídicos del sistema jurídico jalisciense y nacional; b) conocimientos de administración pública, economía, de contabilidad y gasto público, auditoría, responsabilidades y fiscalización.

  • De los aspirantes que hayan aprobado serán sometidos a la consideración de la Asamblea remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos planteados cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que tiene aptitud para ocupar dicho cargo.

  • El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, elegirá al Auditor Superior, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos.

  • En el caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, la Comisión someterá una nueva lista, integrada por una terna de los candidatos que hayan obtenido mayor cantidad de votos, en un término improrrogables de treinta días. El Congreso del Estado de Jalisco, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados integrantes, elegirán al Auditor Superior.

Con el nacimiento de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública, se modifican diversas disposiciones legales, como la propia Constitución del Estado de Jalisco en su artículo 35-Bis,en donde se reconoce la autonomía técnica y de gestión de una nueva Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado por personal profesional, seleccionado por oposición, como el propio Auditor Superior, bajo el principio del Servicio Profesional de Carrera.


Así mismo en materia de Deuda Pública, la nueva Auditoría Superior podrá solicitar a las entidades públicas los informes necesarios para verificar que las operaciones de endeudamiento se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables, formulando las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

En la misma Ley de Deuda Pública del estado, menciona que existe la obligación de informar al Auditor Superior, en la cuenta pública, sobre la situación que guarda la deuda pública estatal, el origen y condiciones de operación de la deuda, es decir los montos de financiamiento contratados con instituciones bancarias privadas y públicas como Banobras, los plazos, las tasas de interés, los períodos de gracia y las garantías presentadas.

Los Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar sus programas financieros anuales dentro de sus presupuestos de egresos y los remitirán al Congreso para efectos de registro a la Auditoría Superior.

Nada nuevo hasta aquí, que tradicionalmente los entes públicos han entregado sus cuentas públicas para su revisión por parte de la Auditoría Superior.

En el artículo 40 de la Ley de Deuda Pública, determina que la Auditoría Superior del Estado, llevará registro de todas las operaciones deuda estatal o municipal y de sus entidades; así mismo la nueva ASEJ, analizará los endeudamientos que vayan contrayendo y les requerirá por la presentación de un análisis respecto de su deuda; cuándo se estime que pueda estar en peligro su capacidad de pago, la nueva ASEJ podrá rehusar la inscripción de nuevas suscripciones de endeudamiento, informándole a la entidad de que se trate.

Ahora bien, en el artículo 151 del Código Penal, señala que se impondrá de uno a cuatro años de prisión a los servidores públicos que, indebidamente:

  • Substraigan, destruyan u oculten documentos, papeles u objetos que se les hayan confiado, o a los que tengan acceso por razón de su encargo.

  • Quebranten o consientan en quebrantar los sellos de documentos o efectos sellados por autoridad competente, que tengan bajo su custodia.

  • Abran, o consientan que se abran sin la autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados que tengan bajo su custodia.

En materia de Transparencia, tipifican el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, como Abuso de Autoridad, en el mismo Código Penal.

Con el tema, TRANSPARENTA.COM, otro día.