lunes, 24 de noviembre de 2008

Información Pública

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga

Candidato a Auditor Superior del Estado de Jalisco 2009-2015

En el Sector Privado, existe información pública.

La aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) a las empresas públicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores estarán aplicándose en 2012.

El objetivo es que las compañías mexicanas que emitan valores deberán adoptarlas, lo que permitirá a las empresas públicas a emplear las mismas reglas utilizadas en el mundo, facilitando la comparación de cifras.

Brasil, Ecuador, Canadá y Chile han anunciado la instalación de las mismas a partir de 2010. Dichas normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La uniformidad de criterios en la información financiera de las empresas, ayudará a las labores de valuación de empresas y sus activos, a las firmas internacionales que llevan a cabo esa actividad, inclusive de auditoría.

En el Sector Público las información es pública.

Las Normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar información financiera, denominadas NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL, se están trabajando en el Sector Central y Paraestatal del Gobierno Federal.

En el caso de los Estados y Municipios, no hay gran avance. A escasos 6 meses de que se lleve a cabo la homologación contable, no se han visto resultados.

Los Órganos Fiscalizadores Superiores no han presentado un plan para la transición contable que deberá estar lista en mayo de 2009 de acuerdo a la Reforma Constitucional en materia de Contabilidad Gubernamental.

Los Colegios de Profesionistas y las Universidades deben participar para la elaboración del nuevo catalogo de contabilidad en base al concepto de acumulación o devengado, mismo que tendrá repercusiones en los estados de origen y aplicación ya que, deberán presentarse otros estados financieros, como lo marca la Normatividad Federal.

Se deberá incluir los bienes muebles e inmuebles, sus respectivas depreciaciones, inventarios y las concesiones que otorgue la autoridad. Para eso deben llevarse a cabo, un listado y/o actualización de los mismos y valuarlos para poder incluirlos en los balances de los Estados y Municipios. Definir criterios de valuación de bienes propiedad del Estado, debe ser prioridad para el Gobierno.

Sólo así podrá realizarse la Fiscalización del Siglo XXI, en base a la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Con el tema, TRANSPARENTA.COM otro día.