jueves, 18 de diciembre de 2008

Responsabilidades y Sanciones.

Por: Jorge Gutiérrez Reynaga.

CANDIDATO A AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Responsabilidades determina que son:

  1. Responsabilidad Política.
  2. Responsabilidad Penal.
  3. Responsabilidad Civil.
  4. Responsabilidad Administrativa.
  5. Responsabilidad Patrimonial.

Definiciones.

Responsabilidad Política.

“Es la que se hace valer a través del juicio político de responsabilidad, en contra de los [servidores públicos] mencionados en el artículo 110 de la Constitución.”

Responsabilidad Penal.

“Deber jurídico de sufrir la pena, que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.”

Responsabilidad Civil.

“La obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y perjuicios que le han causado”.

Responsabilidad Administrativa.

“Es aquella en la que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

Responsabilidad Patrimonial.

“Es una institución jurídica que mediante criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente18 en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad extracontractual del propio Estado.”

Un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo, suceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. (Tesis Jurisprudencial)

Novena Época,
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Abril de 1996
Página: 128
Tesis: P. LX/96
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa, Constitucional

Juicio Político.

Se aplica cuándo se pretende enjuiciar a un servidor público por faltas cometidas.

"la naturaleza jurídica del juicio político, gira sobre hechos, no delictuosos, y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública; por lo tanto es ajeno a la actividad judicial"

Raúl F. Cárdenas.

Declaración de Procedencia.

Es sustitutiva a la declaración de desafuero, la cual se aplica por parte del Legislativo para dar curso al recursos de responsabilidad penal, por faltas que hayan incurrido los servidores públicos federales, gobernadores, diputados y magistrados de los estados,  de acuerdo con al artículo 111 de la Constitución y principalmente a solicitud del Ministerio Público.

Cuando se inicia el proceso de la Declaración de Procedencia y el Congreso declara la no procedencia del mismo, no  exime de responsabilidad al posible "inculpado" si no que, suspende el proceso, las cuales pueden reanudarse cuando se haya dejado el cargo público, pero ya sin el fuero como alto funcionario.

Sanciones.

Las sanciones a que se puede hacer acreedor un servidor público son:

  • Destitución del cargo.
  • Inhabilitación para desempeñar otro cargo, puesto o comisión, condicionándolo a determinado tiempo.
  • Las penas y sanciones que se le compruebe.

Tanto para el Juicio Político y Declaración de Procedencia, el Congreso de la Unión es el actor principal, porque actúa como receptor y juzgador, en el ámbito federal.

Con el tema, TRANSPARENTA.COM, otro día.

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