miércoles, 25 de febrero de 2015

Partidos Políticos y Prevención de Lavado de Dinero

"Un exhorto al No te olvides"

Jorge G. Reynaga 

via: Citizen2Blog 


Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, registrados ante el Instituto Federal Electoral (INE) o en los Órganos Púbicos Locales (OPL), como lo establece el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, 2014) y están facultados para obtener financiamiento por parte del Estado y de los Particulares.

En esta ocasión sólo trataremos el tema del Financiamiento Privado, derivado de la importancia de que los partidos políticos transparenten el origen y destino del mismo.

En la ley LGPP establece en el artículo 53 los cuatro tipos de financiamiento no público que pueden recibir los partidos políticos:

A.- Financiamiento de la militancia.
B.- Financiamiento de simpatizantes.
C.- Autofinanciamiento.
D.- Financiamiento por rendimientos financieros.

En el ensayo denominado ¿Cómo se financian los Partidos Políticos en México? el autor define a los ingresos aportados por: a) la militancia (afiliados y candidatos) y se basa en las cuotas ordinarias o voluntarias que entregan al partido político; b) simpatizantes, vía aportaciones o donativos; c) autofinanciamiento, vía eventos, juegos y sorteos; d) rendimientos financieros de fondos y fideicomisos. (Aparicio, 2006)

Los partidos políticos están limitados por LGPP  a recibir, financiamiento por parte de las personas morales, organismos internacionales y los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, y por supuesto a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial , ayuntamientos, los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal y las personas que vivan o trabajen en el extranjero. La ley limita, el financiamiento vía crédito en banca de desarrollo, para financiar sus actividades.

Prevención de Lavado de Dinero.

La ley que previene el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, obliga a las Instituciones Financiera, entre otras a la:

Identificación del cliente 

La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LPLD), conocida como la ley an-tilavado de dinero establece la obligación de las instituciones financieras a llevar a cabo diversas acciones que permitan identificar al cliente y a los usuarios.

Las aportaciones de los militantes y simpatizantes a los partidos políticos deben ser depositadas en una Institución Financiera y éste debe elaborar el informe a la autoridad (Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (cuando el deposito sea en efectivo) de acuerdo a sus respectivas leyes: 

" para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas" (LPLD, 2012)

En el caso de ingresos provenientes de juegos y sorteos (autofinanciamiento) los partidos políticos previa autorización de la Secretaria de Gobernación (SG) de conformidad con los artículos 2, 3, y 5 de la Ley Federal del Juegos  y Sorteos (Congreso, 1947) lleven a cabo,  deberían informar al apego de la ley anti-lavado, el informe de actividades vulnerables pero, como son instituciones de interés público y no instituciones financieras, no están obligados, porque el legislador no lo contemplo.


El artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos señala que:
" Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas "

Identificación de sus militantes y simpatizantes.

Los partidos políticos deben tienen identificados a sus militantes de manera ordinaria y obligatoria, y en el caso de los simpatizantes deben registrarlos cuándo realicen aportaciones al instituto político, inclusive éstas son deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) en un 25 % y será necesario elaborar un expediente, que podrá ser fiscalizado por la autoridad electoral, no sólo de las limitaciones porcentuales del 2% y 0.5% respectivo de manera anual, sino que reporten a la autoridad de manera mensual sobre las aportaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y éste a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para  que pueda intervenir la entidades que actuarían como fiscalizadores adicionales, a la  Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.


jorge@gutierrezreynaga.com

viernes, 6 de febrero de 2015

UBER: hacia el diseño de una política pública...

vía: 
Para el análisis de una política pública, primero debe ser evaluada. Pero en el caso del fenómeno UBER hace falta el diseño de una política pública, por su  concepto innovador, el servicio y alta tecnología.

UBER la marca de la discordia.

La entrada de UBER ha provocado reacciones diferentes en todo el mundo como: prohibiciones en países como Alemania, Bélgica, España, India, Francia, Holanda, Tailandia y Estados Unidos; demandas y amenazas en ciudades como Los Angeles, Portland, San Francisco y Río de Janeiro, pero en otras ciudades del orbe, tienen operaciones reguladas, de acuerdo a información presentada por la Agencia Reuters en 2014 con datos de UBER.

Michael E. Porter (Competitive Strategy, 1980) menciona en su libro,  sobre la amenaza de ingreso de nuevos competidores y de lograrlo, -puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad- y depende de las barreras de entrada en el mercado.

La entrada de AT&T al mercado mexicano, obligará a TELCEL a mejorar sus tarifas al consumidor para poder seguir siendo el líder en el mercado de la telefonía celular; la barrera de entrada fue: la fuerte inversión para la compra de compañías y  aprovechar de éstas su capacidad instalada y posicionamiento en el mercado; acciones que la empresa norteamericana realizó su expansión, posterior a una reforma en materia de comunicaciones es decir, cambio de regulación.


Legislación.

Para UBER la única barrera de entrada es: la falta de regulación y nada más. 

La tradición es, salir a la calle y buscar al "taxi" o llamar por teléfono a la base más cercana al domicilio y el pago se hace en efectivo; en el caso de los aeropuertos, el pago puede hacerse con tarjeta de crédito y sólo conocerás al conductor (a) al momento  llegue el automotor.

Los servicios prestados por los actuales "taxis" tienen un origen meramente corporativo dónde el gobierno tiene que facilitar los permisos a personas interesadas y en algunos casos se han concentrado en pocas manos, y con carencias en el servicio, con unidades poco atractivas o muy austeras, y quizá por la falta de incentivos fiscales a los permisionarios, no renuevan su parque vehicular y finalmente el cliente paga un servicio más caro.

Porter (1980) estableció como una de las tres estrategias genéricas a la diferenciación, donde el servicio ofertado por UBER marca un distintivo único, con relación a otros servicios en el mercado de "taxis" como es, el uso de tecnología para la georeferenciación el cargo vía tarjeta de crédito utilizando  teléfonos inteligentes, y el envió de un "ticket" para comprobar el gasto.

Porter (Competitive Advantage: Creating and Sustaining, 1998) establece que la - tecnología crea una ventaja competitiva-   y en este caso, por su sistema "Uber App" es una marca que hace diferencia en el mercado y por lo tanto es una ventaja competitiva de Travis Kalanick, CEO de UBER.

Política Pública.

El enfoque debe ser la satisfacción del ciudadano que sería el cliente,  que utiliza o pudriera utilizar los servicios de "taxis" con un servicio competitivo como los oferta UBER e incluso más económico o de mayor confort que los vehículo tradicionales.

Mas no elitista, si con un segmento definido y enfocado a profesionistas, comerciantes y empresarios que cuenten con tarjeta de crédito y un teléfono inteligente con acceso a internet.

Igualdad de condiciones para los usuarios, debe contener la "policy design".  Es un tema de movilidad pública, porque los usuarios (clientes) no utilizarían sus propios vehículos, y podría resultar beneficios en temas de seguridad, salud y ecología. Es un asunto de contribución al estado, al participar con el pago de impuestos, ampliando el padrón fiscal y la deducibilidad de impuestos, que ayudaría a las empresas, así  a tener un control adicional sobre sus funcionarios. Deberá mejorar el transporte urbano, tal y como evolucionó ETN al transporte de pasajeros en el siglo pasado.

En México, la Constitución permite, que los ciudadanos puedan ejercer la profesión u oficio que deseen siendo lícito;  y por otra parte, el fomento a la libre competencia,  deberá ser fortalecida con el diseño de una política pública que permita crear empleos y active la economía familiar.

Los involucrados deben ponerse de acuerdo. El balón esta en la cancha. ¿Quién dará el primer paso? 


Jorge Gutiérrez Reynaga
@jorgegtzreynaga